La aprobación por el Consejo de Ministros de la Reforma para la Ley de Propiedad Intelectual, que aún deberá pasar por las Cortes (donde previsiblemente no habrán cambios sustanciales), plantea una importante contradicción entre las ideas políticas que siempre ha defendido el PP y los intereses económicos que ahora dicen proteger.
A nadie se le escapa que tradicionalmente el PP se ha erigido como el principal defensor, e impulsor, del (neo)liberalismo en España, buscando siempre incentivar al sector privado favoreciendo las inversiones, privatizando las empresas estatales, y adelgazando al máximo las regulaciones del mercado para facilitar que la libre competencia se convirtiera en la base del progreso.
Sin embargo, y dejando a un lado las numerosas políticas que, por "culpa de la herencia recibida" o el "contexto económico y social", han llevado a cabo contradiciendo no sólo su programa electoral sino lo más básico de su tesis ideológica, la realidad es que esta reforma, que podríamos situar en un plano de urgencia bastante similar a la de la reforma de la Ley del Aborto -es decir, completamente innecesaria-, destaca con luz propia dentro del conjunto de actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno.
