El problema actual con las drogas, dejando a un lado el aspecto económico, está fuertemente relacionado con los valores sociales imperantes hoy en día, caracterizados por un duro enfrentamiento entre el liberalismo social y el control estatal.
Por un lado, hay un creciente segmento de población que entiende que el Estado no puede, ni debe, ser capaz de decidir qué es lo que una persona puede o no puede hacer con su vida. Este grupo defiende una libertad de decisión basada en la madurez que se presume en toda persona mayor de edad, y por tanto, ve ilógico que el Estado sancione el consumo de drogas, máxime cuando existen algunas, como el alcohol y el tabaco, que son aceptadas tanto legal como socialmente.
Así pues, también se comprende que del mismo modo que el Estado no tiene capacidad para decidir qué es lo que debes comer, o cómo debes vivir tu vida, es ilógico por tanto que tenga la potestad para prohibir el consumo de manera personal de ciertas sustancias estupefacientes. Dicho de otra manera, no tiene ningún sentido que el Estado te pueda castigar por "fumar un canuto" pero no por tomarte veinte pastillas en medio de la calle y suicidarte; un hecho que resulta más ilógico aún si medimos el daño para la vida de cada medida.
Sin embargo, frente a esta postura existe otra mucho más conservadora que entiende que aunque el consumo de las drogas es personal, sus consecuencias no lo son tanto, y por ello es necesario que el Estado ejerza un rol paternal que limite el daño que las mismas producen.
