El problema actual con las drogas, dejando a un lado el aspecto económico, está fuertemente relacionado con los valores sociales imperantes hoy en día, caracterizados por un duro enfrentamiento entre el liberalismo social y el control estatal.
Por un lado, hay un creciente segmento de población que entiende que el Estado no puede, ni debe, ser capaz de decidir qué es lo que una persona puede o no puede hacer con su vida. Este grupo defiende una libertad de decisión basada en la madurez que se presume en toda persona mayor de edad, y por tanto, ve ilógico que el Estado sancione el consumo de drogas, máxime cuando existen algunas, como el alcohol y el tabaco, que son aceptadas tanto legal como socialmente.
Así pues, también se comprende que del mismo modo que el Estado no tiene capacidad para decidir qué es lo que debes comer, o cómo debes vivir tu vida, es ilógico por tanto que tenga la potestad para prohibir el consumo de manera personal de ciertas sustancias estupefacientes. Dicho de otra manera, no tiene ningún sentido que el Estado te pueda castigar por "fumar un canuto" pero no por tomarte veinte pastillas en medio de la calle y suicidarte; un hecho que resulta más ilógico aún si medimos el daño para la vida de cada medida.
Sin embargo, frente a esta postura existe otra mucho más conservadora que entiende que aunque el consumo de las drogas es personal, sus consecuencias no lo son tanto, y por ello es necesario que el Estado ejerza un rol paternal que limite el daño que las mismas producen.
Para explicarlo de una manera análoga tenemos el ejemplo del cinturón de seguridad y su uso obligatorio: esta medida, llevada a cabo hace unos años, no viene motivada por una intención de limitar la libertad de las personas, sino simplemente de reducir el coste que supone para la sociedad un accidente de tráfico. Es el precio de tener un sistema social público, que si unas personas deciden maltratar su salud, los demás tenemos que pagarlo.
De la misma manera, y sin entrar a discutir sobre los más que posibles efectos beneficiosos que, según algunos estudios, ofrecen algunas drogas, sería una locura negar los daños que producen, tanto a nivel familiar, como social o económico, que en casos extremos pueden llegar a destruir vidas o incluso a acabar con ellas. Unos efectos que se pueden aplicar también a las "drogas legales" y que nos hacen plantearnos cuál debe ser la postura de la sociedad hacia las mismas.
Así, y considerando que las drogas son unas sustancias que en su conjunto resultan netamente destructivas, y aunque históricamente se hayan aceptado algunas y se hayan consumido de igual manera tantas otras, no implica por ello que debamos de olvidar la responsabilidad que tenemos con el resto de personas de nuestra misma sociedad, y por tanto, la de adoptar una postura que si bien permita una cierta libertad individual, deje claro a las sociedades futuras que ese no es el camino a seguir.
Este planteamiento no tendría sentido en un sistema donde los efectos de nuestras acciones estuvieran limitados a nosotros mismos, pero siendo realistas, nos enfrentamos a un mundo donde el mal, o bien, que nos hagamos a nosotros mismos, casi siempre supone un coste, o un beneficio, para otra persona. Por ello, debemos de ser capaces de mirar más allá de nuestro propio interés y preguntarnos hasta qué punto los demás deben de pagar por nuestros fallos, algo inevitable, pero sí limitable.
Dicho esto, el planteamiento existente en España está lejos de saber combinar la libertad individual con la responsabilidad social, y como en última instancia las leyes no deben de ser más que el reflejo de la voluntad popular, tal vez deberíamos fijarnos en otros países mucho más tolerantes que sin duda marcarán la hoja de ruta a seguir en este siglo XXI a la hora de tratar o combatir el consumo de drogas, pues no en vano, cada vez son más los lugares en donde, por ejemplo, la marihuana comienza a ser permitida para fines medicinales o incluso lúdicos. El tiempo dirá si ese es el camino adecuado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario