De la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

La aprobación por el Consejo de Ministros de la Reforma para la Ley de Propiedad Intelectual, que aún deberá pasar por las Cortes (donde previsiblemente no habrán cambios sustanciales), plantea una importante contradicción entre las ideas políticas que siempre ha defendido el PP y los intereses económicos que ahora dicen proteger.

A nadie se le escapa que tradicionalmente el PP se ha erigido como el principal defensor, e impulsor, del (neo)liberalismo en España, buscando siempre incentivar al sector privado favoreciendo las inversiones, privatizando las empresas estatales, y adelgazando al máximo las regulaciones del mercado para facilitar que la libre competencia se convirtiera en la base del progreso.

Sin embargo, y dejando a un lado las numerosas políticas que, por "culpa de la herencia recibida" o el "contexto económico y social", han llevado a cabo contradiciendo no sólo su programa electoral sino lo más básico de su tesis ideológica, la realidad es que esta reforma, que podríamos situar en un plano de urgencia bastante similar a la de la reforma de la Ley del Aborto -es decir, completamente innecesaria-, destaca con luz propia dentro del conjunto de actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno.



Resalta especialmente porque, sin entrar a detallar los cambios que se introducen en la Ley, el objetivo principal es proteger a una Industria moribunda que ha sido incapaz de adaptarse a los cambios tecnológicos que han acabado con su modelo clásico de negocio, la venta física de las obras, y se ha negado a renunciar a unos márgenes enormes de beneficio, intentando bloquear así uno de los conceptos más básicos del capitalismo, la destrucción creativa.

Para quien no conozca el término, la destrucción creativa fue definida por Schumpeter como "el hecho esencial del capitalismo", y consiste en la idea de que el capitalismo, necesita de una continua innovación que vaya destruyendo a las empresas y modelos de negocio que sean incapaces de adaptarse a los cambios, para lograr así un progreso económico sostenido en el tiempo.

La contradicción es obvia: ¿Cómo es posible que un grupo político que siempre ha defendido la libertad de mercado y la innovación (esta sólo de palabra) presente una Ley destinada a mantener un modelo de negocio obsoleto?. Y la respuesta, aunque no tan obvia, tampoco desentona mucho con el panorama político actual.

la Industria del Arte, aún en sus peores momentos, sigue moviendo cientos de millones de euros anuales, y siempre ha sido un Lobby enormemente influyente en la política española, por lo que no es de extrañar que todos los partidos que han pasado por el Gobierno hayan intentado ganarse su favor creando leyes, a cada cual más restrictiva, que intenten poner fin, sin éxito, a la hemorragia que sufre este sector. En definitiva, la Industria de este sector se ha convertido en un grupo reaccionario contrario al cambio, necesitada del apoyo de unos poderes públicos capaces de renunciar a sus principios más básicos a cambio de mantener el control del sistema.

Ahora bien, antes de terminar, es necesario dejar claro que la propiedad intelectual debe ser protegida de manera efectiva por los poderes públicos, hasta donde llegue su capacidad, pero dentro de unos niveles racionales que no supongan el atropello de los derechos de los ciudadanos. El sector debe de saber adaptarse a los cambios, como está ocurriendo en otros países, y explotar otros modelos que hace años no eran rentables, o eran irrealizables, así como asumir que los beneficios logrados en el siglo XX nunca más se volverán a ver, pues la facilidad para acceder a los contenidos también ha supuesto el aumento de la oferta, que ahora se enfrenta con unas barreras de entrada que a día de hoy prácticamente han desaparecido, al no necesitar ya de un intermediario que sea capaz de distribuir y promocionar el producto.

En definitiva, es triste observar, una vez más, como se desaprovechan las oportunidades que se nos presentan para el reformar el sistema y de nuevo nos encontramos con una repetición de los errores del pasado, en la que una clase política ajena al resto de los ciudadanos se reparte el poder y los beneficios en nuestra cara.